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Cómo se fija la pensión de los hijos, hasta cuándo hay que pagarla y qué vías hay cuando no se paga.
En derecho catalán, los alimentos son todo lo indispensable para el mantenimiento, la vivienda, el vestido y la asistencia médica, y también los gastos de formación si quien los recibe es menor (artículo 237-1 CCCat). Si es mayor de edad, también incluyen la continuación de la formación que no haya terminado por una causa que no le sea imputable, siempre que mantenga un rendimiento regular.
En una ruptura con hijos, el convenio regulador debe concretar los alimentos tanto para las necesidades ordinarias como para las extraordinarias, con la periodicidad, la forma de pago, los criterios de actualización y, si procede, las garantías (artículo 233-2.4.b CCCat). Si no hay acuerdo, los fija el juez (artículo 233-4).
La cuantía se fija en proporción a las necesidades de quien los recibe y a los medios económicos y posibilidades de quien los tiene que pagar (artículo 237-9.1 CCCat). No hay una fórmula legal. Hay tablas orientativas del Consejo General del Poder Judicial, que no son una fórmula legal y el juez las usa solo como referencia.
Elementos que el juez tiene en cuenta en la práctica:
Para preparar la cifra con fundamento, recomiendo hacer una lista de los gastos reales de los hijos con los justificantes correspondientes.
Consulta presencial u online: elige cómo prefieres hablarJoan Soler Gordillo · abogadoEn el despacho de Valls (Pl. Font de la Manxa 12, 2-1) o por videollamada, si te viene mejor. Cuéntame tu situación y te diré qué se puede hacer y con qué plazos. La primera consulta cuesta 90 € + IVA.
Los gastos extraordinarios, como tratamientos médicos no cubiertos o determinadas actividades, generan conflictos a menudo. Si no están previstos de forma expresa en la sentencia o en el convenio y se quiere reclamar su pago por vía judicial, primero hay que pedir al juzgado que declare que tienen esa consideración (artículo 776.4.ª LEC). Por eso conviene definirlos bien en el convenio, con ejemplos y con el porcentaje que paga cada uno.
La ley no actualiza la pensión de forma automática. Las partes o el juez pueden establecer las bases de la actualización anual según el índice de precios de consumo o un índice similar (artículo 237-9.1 CCCat). Hay que mirar qué dice el convenio o la sentencia.
La pensión no se acaba automáticamente a los dieciocho años. El juez, a petición del progenitor con el que conviven, puede acordar alimentos para los hijos mayores de edad o emancipados hasta que tengan ingresos propios o estén en disposición de tenerlos (artículo 233-4.1 CCCat, en caso de divorcio o separación). No hay derecho a alimentos cuando la necesidad deriva de una causa imputable a quien los pide (artículo 237-4). Si un progenitor cree que el hijo ya no tiene derecho, lo que debe hacer es pedir la extinción o la modificación, no dejar de pagar por su cuenta.
Los alimentos se deben desde que se necesitan, pero no se pueden reclamar los anteriores a la reclamación judicial o extrajudicial (artículo 237-5.1 CCCat). Para los hijos menores, se pueden pedir hasta un año atrás si la reclamación no se hizo antes por una causa imputable al obligado (artículo 237-5.2). Se pagan en dinero y por mensualidades anticipadas (artículo 237-10). El derecho a los alimentos es irrenunciable, intransmisible e inembargable, pero las pensiones atrasadas posteriores a la fecha de la reclamación judicial o extrajudicial sí se pueden renunciar, transigir o compensar (artículo 237-12).
Si los dos progenitores viven en partidos judiciales distintos, en los procesos que tratan solo de alimentos reclamados en nombre de los hijos menores quien demanda puede elegir entre el tribunal del domicilio del demandado y el de la residencia del menor (artículo 769.3 LEC). Para las familias de Valls y el Alt Camp, eso quiere decir que no siempre hay que litigar donde vive el otro progenitor.
Las anualidades por alimentos que los hijos reciben de los padres en virtud de decisión judicial están exentas de IRPF (artículo 7 de la Ley 35/2006, del IRPF).
Depende de la vía. Un acuerdo de modificación presentado conjuntamente al juzgado cuesta mucho menos que un procedimiento contencioso, y una ejecución por impago se presupuesta aparte. Te doy un presupuesto cerrado por escrito antes de empezar y te digo si vale la pena ir: si lo que se discute son treinta euros al mes, quizá no. La ejecución de una sentencia de familia requiere siempre abogado y procurador, sea cual sea el importe (artículos 539.1 y 750.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); el procurador se paga aparte. Si cumples los requisitos de la justicia gratuita (Ley 1/1996), te lo diré.
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No por tu cuenta. La pensión se puede mantener hasta que tenga ingresos propios o esté en disposición de tenerlos (artículo 233-4.1 CCCat, en caso de divorcio o separación). Si crees que ya no tiene derecho, hay que pedir la extinción o la modificación al juzgado.
Solo si lo dice el convenio o la sentencia. La ley permite fijar la actualización según el IPC o un índice similar, pero no la impone (artículo 237-9.1 CCCat).
Si se aplica el derecho catalán, las reclamaciones de pagos periódicos prescriben a los tres años y cada mensualidad tiene su propio plazo (artículo 121-21.a CCCat). Los gastos extraordinarios no son pagos periódicos: rige el plazo general de diez años (artículo 121-20 CCCat). Y la acción para ejecutar la sentencia caduca a los cinco años desde la firmeza (artículo 518 LEC).
No. Son obligaciones distintas, y incumplir una no justifica incumplir la otra. El incumplimiento reiterado del régimen de visitas puede incluso dar lugar a una modificación del régimen de guarda y visitas (artículo 776.3.ª LEC).
La pensión se tiene que pagar mientras no haya una nueva resolución. Lo que debe hacer es pedir la modificación cuanto antes y, si la situación no puede esperar, pedir también una modificación provisional en la misma demanda (artículo 775.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Una sentencia española se puede ejecutar en todo el Estado. Si vive en otro país de la Unión Europea hay instrumentos específicos de cooperación para reclamar alimentos, y hay que revisar cuál se aplica a tu caso. El primer paso siempre es el mismo: tener documentado qué se debe y desde cuándo.
Sí, pero si no están previstos expresamente en la sentencia o en el convenio, antes de ejecutar hay que pedir al juzgado que declare que ese gasto tiene esa consideración, y la otra parte puede oponerse (artículo 776.4.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Por eso conviene definirlos bien en el convenio.
Antes de plantear un procedimiento reviso tus pólizas. Los seguros de defensa jurídica y los de hogar pueden cubrir gastos de defensa, pero en materia de familia pueden excluirlos o limitarlos: hay que leer el condicionado concreto, no el folleto. Si hay cobertura, recuerda que la ley te reconoce la libre elección de abogado y procurador (artículo 76 d) de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro) y que la cobertura tiene los límites que fije la póliza.
Con sede en Valls (Tarragona), ofrezco asesoramiento y representación legal en toda España. Trabajo habitualmente por videollamada, teléfono y gestión telemática de la documentación, pero eventualmente, puedo desplazarme hasta la ubicación del cliente, previo acuerdo.
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